Ciudad de México, 4 de noviembre de 2026.– La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), incorporó a 40 personas físicas y morales vinculadas con proveedores electorales a su Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar operaciones financieras con elementos de riesgo que requieren una investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con el comunicado oficial número 94, la medida alcanza a 25 personas físicas y 15 personas morales, identificadas mediante diversos análisis financieros realizados por la dependencia federal.
La UIF informó que, como resultado de estos hallazgos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que se investiguen las operaciones detectadas y se determinen las posibles responsabilidades legales de quienes pudieran estar involucrados.
Investigan operaciones financieras relacionadas con proveedores electorales
La Secretaría de Hacienda explicó que las acciones forman parte de sus mecanismos de prevención y detección de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La dependencia precisó que la inclusión de estas 40 personas y empresas en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida administrativa de carácter preventivo y precautorio, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad penal.
Asimismo, señaló que las personas involucradas conservan sus derechos de defensa y garantía de audiencia, conforme a la legislación mexicana.
FGR deberá determinar posibles responsabilidades
Con la denuncia presentada, corresponderá a la Fiscalía General de la República realizar las investigaciones pertinentes y establecer si existen conductas constitutivas de delito.
Aunque el comunicado confirma que las personas y empresas señaladas mantienen vínculos con proveedores electorales, no revela sus identidades, las operaciones específicas detectadas ni los montos económicos involucrados.
La UIF reiteró que continuará con el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes para prevenir y combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
El anuncio coloca bajo revisión operaciones financieras relacionadas con proveedores electorales, mientras se espera que las investigaciones de la FGR permitan esclarecer el alcance de las irregularidades detectadas y las posibles responsabilidades.