Durante años, a lo largo y ancho del país, decenas de escuelas que ostentaban el sello de «militarizadas» abrieron sus puertas con absoluta impunidad. Prometían disciplina, carácter y formación castrense a padres de familia que, desesperados por encontrar un entorno estructurado para sus hijos, confiaron en estos planteles. Hoy, tras la drástica y tardía resolución de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de prohibir cualquier disciplina militarizada en educación básica, la pregunta es: ¿dónde estuvo la autoridad todo este tiempo?
Cómo operaron más de 60 planteles sin que ninguna autoridad educativa o de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) levantara una pestaña. No estábamos hablando de talleres clandestinos; eran instituciones con instalaciones visibles y con una clara oferta educativa de corte militar. ¿Cómo es posible que la SEDENA nunca se percatara —o no denunciara— el uso no autorizado de la identidad castrense? ¿Cómo es que la SEP otorgaba los Registros de Validez Oficial de Estudios (RVOE) sin supervisar qué tipo de «disciplina» se impartía en sus aulas?
La negligencia está muy clara. Es la falta de inspección que dejó a menores de edad a merced de dinámicas de rigor físico y castrense para las que ni estas escuelas estaban facultadas.
El triste caso de Dafne tiene nombres y apellidos. Tuvo que ocurrir esta tragedia para que las autoridad finalmente reaccionaran y ahora si estos planteles dejarán de operar.
La orden de cerrar estos no es un triunfo de la regulación, es el reconocimiento de un fracaso institucional.
Cancelar este modelo de para el próximo ciclo escolar no exime de responsabilidad.
¿quién responde por los años de omisión y por las vidas que se pudieron salvar con una simple inspección a tiempo?
La SEP a través de su secretario, Mario Delgado, informó que en México no está autorizada ninguna escuela bajo el modelo de educación militarizada para niñas, niños y adolescentes. Que dicha formación corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.
Por ello, se ha solicitado a las autoridades educativas de los 32 estados revisar y garantizar que ningún plantel opere bajo estas denominaciones, ya que no forman parte del Sistema Educativo Nacional.