La decisión de Rafael Marín Mollinedo de retirar de su equipo a Alejandro Enrique Arcos Romero, personaje señalado por presuntos vínculos con la llamada mafia rumana, puede representar una medida políticamente necesaria, pero no genera credibilidad.
La pregunta es si será suficiente apartar a una persona de un proyecto que busca ganar confianza.
Cuando un personaje cuestionado públicamente y vinculado a una organización criminal permanece cerca a un equipo político, el problema ya no es únicamente de quien se trate, sino cómo llegó, quién lo incorporó, qué funciones desempeñó y desde cuando permanece cerca del proyecto.
En el caso de Arcos Romero, el cuestionamiento adquiere mayor dimensión porque las publicaciones que han documentado el caso no solamente lo ubican en el entorno político actual de Marín Mollinedo, sino que también es señalado su paso por la Agencia Nacional de Aduanas de México durante el periodo en que Rafael Marín encabezó esa institución.
Los quintanarroenses tienen derecho a exigir controles mucho más rigurosos a quienes forman parte de la política y con aspiraciones muy claras.
Se trata de responsabilidad y no bastaría con comunicar que determinado personaje quedó fuera. Tendría que explicar qué relación existió, cómo llegó a su entorno, cuál era su función y qué mecanismos establecerá para impedir que personas bajo cuestionamientos de esta naturaleza formen parte de su estructura.