Los hechos recientes son una muestra de la gravedad de lo que estamos viviendo en México. La violencia pareciera normalizarse frente a las desapariciones y asesinatos de jóvenes y estudiantes.
En Sinaloa, Junior Alexis, estudiante de 17 años de la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado a balazos el 2 de septiembre frente a Ciudad Universitaria. En Morelos, un estudiante de Odontología fue asesinado mientras se dirigía a la escuela. Y el 17 de septiembre, un joven de 18 años perdió la vida en un ataque armado en las inmediaciones del CETIS 33, en la Ciudad de México.
A estos casos se suma el asesinato de Karla Margarita Pérez, estudiante de Medicina de 22 años, localizada sin vida en Jalisco después de abordar un servicio de transporte solicitado mediante una aplicación. En Morelos, el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio de 21 años, se suma a los casos de otras tres alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinadas durante 2026.
Son jóvenes que estudiaban, que tenían proyectos, que buscaban construir un futuro. Jóvenes que deberían estar preocupados por sus exámenes, por conseguir su primer empleo o por cumplir sus sueños, no por sobrevivir a la violencia.
Y mientras las familias enfrentan el dolor de perder a sus hijos, el país continúa acumulando víctimas.
Las cifras oficiales permiten dimensionar la magnitud del problema. De acuerdo con datos preliminares del INEGI, durante el primer semestre de 2025 se registraron 14 mil 488 defunciones por presunto homicidio en México. Además, los homicidios fueron la principal causa de muerte entre las personas de 25 a 34 años durante ese periodo.
Pero más allá de los números, hay una pregunta que deberíamos hacernos como sociedad: ¿qué estamos haciendo para evitar que nuestros jóvenes sigan muriendo?
No podemos permitir que la violencia se convierta en una condición con la que las nuevas generaciones tengan que aprender a vivir. No es normal que los padres tengan miedo de enviar a sus hijos a la escuela, que una joven deba compartir su ubicación para sentirse segura o que salir de noche represente una preocupación permanente.
Tampoco podemos aceptar que cada asesinato provoque indignación durante unas horas y después desaparezca de la conversación pública, hasta que una nueva tragedia vuelva a ocupar los titulares.
La normalización de la violencia comienza cuando dejamos de sorprendernos ante la muerte, cuando una víctima se convierte en una cifra y cuando la indignación deja de traducirse en exigencias de justicia.
México necesita respuestas que vayan más allá de los discursos y las estadísticas. Necesita investigaciones que esclarezcan los crímenes, instituciones que protejan a las víctimas, políticas de prevención y oportunidades reales para que los jóvenes puedan desarrollarse en entornos seguros.
La responsabilidad de garantizar la seguridad corresponde a las autoridades, pero como sociedad también tenemos la obligación de no permanecer indiferentes.
No qse trata solamente de combatir la delincuencia. Se trata de recuperar la tranquilidad de nuestras comunidades, la confianza en las instituciones y el derecho de nuestros hijos a vivir sin miedo.
No podemos acostumbrarnos a que una madre tenga que reconocer el cuerpo de su hijo, a que una familia salga a buscar a una hija desaparecida o a que un salón de clases tenga una silla vacía porque uno de sus estudiantes fue asesinado.
Un país que se acostumbra a la muerte de sus jóvenes corre el riesgo de perder también la esperanza en su futuro.