Más de 250 organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas condenaron la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la reforma “regresiva” a la Ley General de Víctimas que elimina el tope mínimo presupuestal destinado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral.
Luego de que el martes 18 el pleno de la SCJN rechazara invalidar la reforma que en 2020 eliminó el fondo mínimo para la reparación del daño y atención a víctimas, como lo propuso el ministro Giovanni Figueroa, organizaciones sociales, colectivos de víctimas y activistas se sumaron al pronunciamiento emitido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Fundar Centro de Análisis e Investigación y Artículo 19, por el que consideraron que la nueva SCJN decidió “darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas”.
Lamentaron que los nuevos ministros vulneraran el principio de “cosa juzgada”, toda vez que en 2024 la SCJN resolvió que era anticonstitucional la reforma impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por la que se elimina la obligación de destinar un presupuesto mínimo a la atención a víctimas, por lo que se dieron 90 días al Poder Legislativo para realizar las modificaciones necesarias.
Al no llevarse a cabo las modificaciones legislativas, constitucionalmente está establecido en la Constitución, que lo que procede es que la SCJN se formalice la declaratoria de inconstitucionalidad de las reformas, por lo que al reabrir la discusión se violó además “la garantía de seguridad jurídica”.
Para los firmantes, “la necesaria declaratoria general de inconstitucionalidad del artículo 132 fracción I de la Ley General de Víctimas era consistente con la línea de protección seguida por la Corte en relación con el principio de progresividad y aseguraba la eficacia del juicio de amparo como garantía constitucional de los derechos humanos”.
Agregaron que la decisión de la nueva SCJN “representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación”.
(Con información de Proceso)