Diversos jueces emitieron la suspensión para que la reforma no sea sometida a discusión en el Congreso de la Unión ya su vez no sea turnada a las legislaturas locales.
La primera fue emitida por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien señaló que la inicitiva de reforma constitucional no podrá ser sometida a discusión ni a votación en San Lázaro.
“Dicho proyecto en lo particular no podrá ser discutido y votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura”, determinó.
Asimismo, solicitó a las autoridades correspondientes que notifiquen al juzgado el cumplimiento de la suspensión en un plazo máximo de 24 horas.
Sumado a ello, adelantó que cualquier alegato relacionado con cuestiones administrativas será tomado en cuenta como evasiva.
“Se requiere a las autoridades responsables para que informen a este juzgado en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión, en el entendido que alegar cuestiones o trámites administrativas, se considera una evasión”, señala el documento emitido por la juzgadora.
Por otra parte, la segunda es una suspensión de oficio para que, en caso de que el decreto de reforma sea aprobado en el Congreso de la Unión, las autoridades responsables de la Cámara de Diputados y del Senado “se abstengan de enviarlo a las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México para la aprobación correspondiente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva”.
Por su parte, Ricardo Monreal respondió a través de sus redes sociales a estas suspensiones contra reforma al Poder Judicial.
El líder de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, consideró inadmisibles las suspensiones contra la reforma al Poder Judicial.
Monreal aseguró que ambas medidas van en contra de la Constitución Política y son una intromisión al poder legislativo.
A través de redes sociales comentó: “Es inadmisible e improcedente toda resolución de cualquier juez o autoridadsobre el desempeño constitucional jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que violente la Constitución y el principio de legalidad, e invada facultades y funciones del Legislativo”.