17 de febrero 2025/ Puerto Morelos.- El Tribunal de Justicia Administrativa de Quintana Roo inhabilitó por 20 años a Laura Fernández Piña, ex presidenta municipal de Puerto Morelos, por abuso de sus funciones públicas.
De acuerdo con datos oficiales, esta sanción implica que no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
La resolución se emitió luego de que los integrantes del tribunal consideraran que se comprobó su responsabilidad en una falta administrativa grave de abuso de funciones durante su gestión como presidenta municipal de Puerto Morelos, en el periodo de 2016 a 2021.
Por este desfalco, Fernández Piña deberá pagar 78.9 millones de pesos por daño patrimonial a la hacienda municipal. La sanción deriva de la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a ella y su esposo, Carlos Alberto Moyano Menchaca, con presuntos incrementos millonarios en los costos.
Entre los contratos analizados se encuentran el de alumbrado público, que presuntamente aumentó de 42.9 millones a 381.6 millones de pesos.
Además, se destaca el contrato de construcción de unidad administrativa, el cual pasó de 57.9 millones a 336 millones de pesos.
Cabe mencionar que previo a este proceso, la actual alcaldesa, Blanca Merari Tziu Muñoz, denunció que la gestión de Fernández Piña presuntamente había dejado a Puerto Morelos en «quiebra técnica«, con una deuda superior a 830 millones de pesos.
Tras darse a conocer la noticia, la ex presidenta municipal emitió un comunicado a través de sus redes sociales, mismas que no ha utilizado hasta el día de ayer..
En este, argumenta que si bien existe un proceso administrativo, no ha sido inhabilitada como se informa en diversos medios de comunicación.
Comunicado:
En las últimas horas ha estado circulando información en el sentido de que he sido inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 20 años en mi estado, Quintana Roo.
Quiero decirles que esta información que se ha propagado es falsa y malintencionada. ¡Jamás he huido de la verdad, ni lo haré ahora!
Sí, en mayo pasado descubrí que existía un proceso administrativo relacionado con un pasivo del Ayuntamiento de Puerto Morelos con el IMSS durante la pandemia, pero quiero que conozcan el contexto completo.
Ese pasivo surgió porque, ante la crisis económica provocada por la pandemia, mi administración priorizó pagar las nóminas de nuestros trabajadores para que nadie se quedara sin sustento.
En febrero de 2020, con orgullo, habíamos firmado un acuerdo histórico con el IMSS para darles seguridad social a los trabajadores municipales, algo que otros municipios no lograron en décadas. Pero cuando llegó la pandemia, los ingresos se desplomaron.
Muchos me aconsejaron cancelar el convenio, pero ¿cómo iba a dejar sin protección médica a quienes arriesgaban su salud en las calles?
Eran tiempos de miedo e incertidumbre. Los trabajadores solo tenían su salario, y como gobierno, nos vimos solos en muchos frentes. Mantener el acuerdo con el IMSS fue una decisión humana, aunque eso significara acumular un pasivo, como sucedió en muchos otros municipios.
Nunca hubo corrupción ni mala fe, solo el compromiso de no abandonar a nuestra gente.
Cuando iniciaron este proceso administrativo del que hablan los medios, nunca me notificaron, como exige la ley. Por eso, en mayo del año pasado interpuse un recurso jurídico para defender mis derechos.
Gracias a ello, el procedimiento quedó suspendido. Hace pocos días tuvo lugar la audiencia constitucional, pero el juez aún no resuelve definitivamente. Sé que la justicia tarde o temprano iluminará la verdad.
Me duele profundamente que intenten dañar mi trayectoria con mentiras, y más aún que quieran arrastrar a mi familia a este asunto. ¡Eso sí es actuar con mala intención!
Pero quiero que sepan algo: mantener el servicio médico del IMSS en aquellos momentos críticos fue un acto de humanismo, y aunque hoy tenga un costo político, lo asumo con la frente en alto.