ZC/ Comunicación Digital
29 de noviembre 2024
La recién aprobada Ley Federal de Derechos en la Cámara de Diputados ya generó repercusiones. Ni los representantes por Quintana Roo, el principal destino turístico de México alzaron la voz en torno a un impuesto que de un momento a otro iba a tener alcances en la industria de cruceros. Mientras lo mayoría morenista celebraba su voto, ahora desde el Senado de la República, Eugenio Segura, presidente de la Comisión de Turismo alza la voz y pide postergar un cobro que pone en riesgo a un segmento colocando a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo.
El voto de los diputados sobre dicha ley implica a la industria de cruceros un impuesto adicional de 42 dólares por persona.
La Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC), hizo un llamado urgente al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Senado para frenar la iniciativa de cobrar un derecho migratorio de 42 dólares a quienes a través de cruceros arriben a los puertos del país.
Precisa que el sector de cruceros aporta aproximadamente 1,000 millones de dólares anuales en gastos directos, genera más de 20,000 empleos y contribuye con más de 200 millones de dólares en salarios.
Con la medida, argumentan, México podría perder hasta 10 millones de pasajeros y más de 3,300 escalas de buques en 2025, la afectación a las economías locales de los puertos turísticos sería inminente.
Pero en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley Federal de Derechos sin considerar el impacto; los legisladores que representan a Q. Roo cuyos destinos como Cozumel y Mahajual han registrado un repunte importante en la llegada de cruceros, tomaron en cuenta ese pequeño detalle.
Mildred Ávila, Humberto Aldana, Juan Carrillo, Santy Montemayor y Marybel Villegas, ninguno objetó o pidió reconsiderar tal cobro.
El llamado del sector crucerista ha llegado al despacho de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y este jueves, el senador quintanarroense y presidente de la Comisión de Turismo, Eugenio Segura, propuso postergar 180 días la entrada en vigor del decreto, al argumentar que la medida busca permitir una implementación gradual y la adaptación de las líneas de cruceros.
Quienes representan a la industria de cruceros señalan que de implementarse dicho gravamen elevaría los costos de desembarque hasta un 213%, colocando a los puertos turísticos mexicanos entre los más caros del mundo.
Actualmente, los visitantes llegan bajo el régimen de exención de tránsito, conocido como DNR (Derecho de No Migrante), ahora con el nuevo derecho y el gravamen estatal de 5 dólares arrojaría un costo de 47 dólares por pasajero.
Habrá una larga discusión respecto al impuesto que los propios cruceristas ven como una amenaza que los llevaría a considerar un cambio de rutas en el país.