Por Zuleika Cáceres
Ante la negativa de los partidos a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum llega al Senado el Plan B.
La titular del poder ejecutivo plantea reducir los presupuestos a los Ayuntamientos, al INE y a los Congresos. Y ahora si, como los partidos aliados ya no se vieron afectados con el tema de las pluris, el PVEM y PT han dado su respaldo al llamado Plan B.
La propuesta contempla recortes al presupuesto, a funcionarios electorales, así como medidas para reducir el gasto en congresos locales y ayuntamientos, que no haya exceso de regidores. Y en efecto, en algunos casos son demasiados y los ciudadanos ni los conocen o no se enteran de lo que hacen, pero vaya que ejercen un gasto entre sueldos, viáticos y demás privilegios asignados a su encomienda.
En lo que se refiere a la revocación de mandato, el interés de plantearse en 2027 ya comenzó a generar polémica. Y es que la presidenta no sólo podría estar en la boleta electoral sino promover el voto.
La idea original de la revocación de mandato era ofrecer a la ciudadanía un mecanismo para evaluar y, en su caso, retirar del cargo a quien ejerce el poder. Un instrumento de control democrático, no de reafirmación política.
La nueva propuesta impulsada por la presidenta introduce un cambio que no es menor. Por primera vez, se plantea que la persona sujeta a revocación —es decir, el titular del Ejecutivo— pueda difundir el proceso y también promover el voto a su favor.
Se trata de un cambio al artículo 35 Constitucional que adiciona un párrafo en el que se establece que “la persona sujeta revocación podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos que establezca la ley en la materia”.
Hasta ahora, la legislación establecía que la promoción de la revocación correspondía exclusivamente al Instituto Nacional Electoral (INE), en su calidad de árbitro.
La lógica era preservar condiciones de equidad y evitar que el poder en turno interviniera en un proceso que, por definición, lo evalúa.
Permitir que el Ejecutivo participe activamente en la promoción abre una interrogante: ¿sigue siendo la revocación un ejercicio ciudadano o comienza a transformarse en una herramienta de legitimación política desde el poder?
El titular del Ejecutivo no es un actor más. Es quien concentra recursos, visibilidad y capacidad de incidencia en la agenda pública.
Aun cuando la propuesta mantiene restricciones como la prohibición de contratar propaganda o usar tiempos oficiales, el simple hecho de habilitar la participación activa del Ejecutivo altera el terreno de juego si hablamos en términos de equidad.
Es un nuevo debate porque quien debe ser evaluado también puede influir en la evaluación y la pregunta sigue en el aire,¿revocación o ratificación?
El principio de paridad y la “omisión” de la Segob
Una vez que los legisladores recibieron el documento del Plan B, los cuestionamientos volvieron a surgir entre la clase política. Resulta que en la elección de Ayuntamientos se eliminó el principio de paridad, es decir que ya no se contemplaría aquello de mitad hombres mitad mujeres. En solo unas horas el tema ya era tendencia y más tarde la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, anunció que había recibido de la Secretaría de Gobernación un oficio en el que por error se estableció una omisión en ese sentido. Es decir, habrá corrección en el tema. ¿Quién se encarga de dejar mal a la presidenta? Como dijo la panista Kenia López Rabadán: un duende machista metió mano al Plan B.
Mientras ese punto se resuelve, la discusión sobre la propuesta continuará en los próximos días. Veremos si los aliados mantienen ese firme respaldo.
SOBRE LA OMISIÓN:
