La extinción de organismos autónomos en México es parte de un plan propuesto por el gobierno de Claudia Sheinbaum. La presidenta ha señalado que, los recursos ahorrados se destinarán a programas culturales y al incremento de salarios para las fuerzas armadas. Esta medida también busca reforzar el enfoque en áreas prioritarias como la educación y la salud, según sus declaraciones en la conferencia matutina del 22 de noviembre de 2024.
Hay una gran discusión sobre la desaparición de estas instituciones y su impacto en la gobernanza del país. La oposición advierte que esta medida podría centralizar más el poder en el Ejecutivo, debilitando contrapesos democráticos.
La Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma que implica la desaparición de siete organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y otros. Las funciones de estos organismos serán transferidas a diversas dependencias gubernamentales con el objetivo declarado de reducir costos operativos y centralizar sus atribuciones.
En el caso del INAI verá sus responsabilidades absorbidas por la Secretaría de la Función Pública, mientras que las labores de la Cofece y el IFT se integrarán a la Secretaría de Economía y a una nueva agencia descentralizada. El Coneval será sustituido por el INEGI en la medición de pobreza y evaluación de políticas sociales. Según el gobierno, este cambio permitirá ahorrar alrededor de 5,000 millones de pesos anuales, fondos que se redirigirían a programas sociales prioritarios.
Sin embargo, esta decisión ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Expertos y organizaciones han señalado que podría debilitar los mecanismos de transparencia, competencia económica y regulación independiente, y exponer a las instituciones a influencias políticas que comprometan su imparcialidad. Además, algunos sectores alertan sobre posibles conflictos con acuerdos internacionales, como el T-MEC, en temas de competencia y telecomunicaciones.