Comerciantes y hoteleros acusan cobros de entre 5 mil y 20 mil pesos para evitar inspecciones, multas o clausuras; las denuncias fueron presentadas ante la FGE de Quintana Roo y la FGR.
PLAYA DEL CARMEN.— Empresarios del sector turístico denunciaron ante autoridades estatales y federales presuntos actos de corrupción, amenazas y extorsión cometidos por servidores públicos de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos de Playa del Carmen.
Bajo el folio FGE/QR/SOL/DEL/4369/2026, y ante la Fiscalía General de la República, con el registro FGR/ATN/4689/2026, los denunciantes aseguran que inspectores municipales les habrían solicitado pagos de entre 5 mil y 20 mil pesos, dependiendo del giro y tamaño del establecimiento, con la promesa de “regularizar” su situación y evitar nuevas revisiones.
A cambio de esos presuntos cobros, los funcionarios ofrecerían facilitar la elaboración de Programas Internos de Protección Civil, condonar multas, aprobar anuencias, solventar observaciones derivadas de inspecciones y agilizar licencias de funcionamiento.
Según lo asentado en las denuncias, cuando los empresarios se niegan a realizar los pagos, reciben advertencias sobre nuevas visitas de inspección, sanciones económicas o posibles clausuras por cualquier irregularidad, por mínima que sea.
Los afectados sostienen que estas prácticas comenzaron desde abril de 2026 y que uno de los hechos más recientes ocurrió durante la mañana del 7 de julio. Las revisiones se habrían intensificado especialmente contra hoteles, restaurantes y establecimientos que utilizan gas LP.
Los empresarios afirman que algunos inspectores proceden a levantar multas o amenazan con cerrar los negocios pese a que estos cuentan con dictámenes de Protección Civil y peritajes de las instalaciones de gas, incluyendo diagramas, pruebas del tanque y certificaciones de las válvulas de seguridad.
En los documentos también se señala una presunta coordinación entre personal de Protección Civil y las áreas municipales de Fiscalización y Cobranza. Los denunciantes sostienen que los inspectores actuarían bajo el amparo del titular de la dependencia, Darwin Manuel Covarrubias Góngora, circunstancia que deberá ser investigada y determinada por las autoridades correspondientes.
Los comerciantes y hoteleros manifestaron temor a posibles represalias y solicitaron la intervención del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. También aseguraron que las quejas enviadas mediante el canal confidencial habilitado por la administración de la presidenta municipal Estefanía Mercado no habrían recibido respuesta ni seguimiento.
La denuncia se presenta en medio de una complicada situación para el comercio de Playa del Carmen. A principios de agosto se informó sobre el cierre de aproximadamente 70 establecimientos de la Quinta Avenida, atribuido a una combinación de factores como altos costos operativos, inseguridad, caída de la actividad turística, sargazo, aumento de trámites y permisos, así como presuntas extorsiones de servidores públicos e intermediarios.
Ante estos señalamientos, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya recomendó a sus integrantes evitar intermediarios y denunciar cualquier falsa gestoría o irregularidad. Desde el Cabildo también se ha advertido que la falta de reglamentos actualizados permite discrecionalidad en la aplicación de multas, permisos y sanciones.
Hasta la tarde de este miércoles 12 de agosto no se había difundido un posicionamiento público del Ayuntamiento de Playa del Carmen ni del titular de Protección Civil sobre estas denuncias. Tampoco se habían informado avances en las investigaciones abiertas por la FGE y la FGR.
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