Mediante un comunicado, el exgobernador de Quintana Roo aclaró información difundida en medios nacionales:
Ante las imprecisiones y datos falsos difundidos recientemente en diversos medios de comunicación de cobertura nacional, y estatal me veo en la necesidad de aclarar de manera puntual y contundente la realidad de mi situación legal y médica actual.
Es totalmente falso que me haya sido impuesta o ratificada una pena de 36 años, o de 35 años y 9 meses. Mi condena quedó firme desde el 8 de septiembre de 2010 y corresponde exactamente a 28 años, 8 meses y 7 días. Jamás se ha solicitado la reducción o modificación de dicha pena, y mucho menos alterarla, toda vez que se encuentra juzgada y jurídicamente es imposible hacer eso que se señala.
No tengo condena por delincuencia organizada ni por asociación delictuosa, como erróneamente se a publicado, mi sentencia se sostiene únicamente por un delito contra la salud en la modalidad de presunta protección a un supuesto narcotraficante de nombre Alcides Ramón Magaña (“El Metro”). Resulta incongruente que dicho sujeto haya sido juzgado, declarado inocente, absuelto desde el mes de julio del 2013 y puesto en libertad por falta de pruebas, mientras yo continúo privado de la libertad por los mismos hechos. Cabe recordar que en EE. UU. se me retiraron todos los cargos de narcotráfico, siendo procesado de manera exclusiva por lavado de dinero, de lo que ya había sido juzgado en México, prohibido por el tratado de extradición con los Estados Unidos y la Constitución Federal.
La representación legal de mi defensa no busca anular ni reducir la condena, por qué eso jurídicamente no es posible, sino el otorgamiento de una pena no privativa de la libertad o prisión domiciliaria, beneficio otorgado que dispone la Ley Nacional de Ejecución Penal. Asimismo, nos encontramos a la espera de que el Poder Judicial Federal convoque a la audiencia clave para resolver la libertad condicionada, derecho que me corresponde al haber cumplido más de la mitad de la pena de mi condena, requisito que otorga la Ley.
Mi estancia en un domicilio en Chetumal —vigente desde el 10 de junio de 2020— no deriva del otorgamiento formal de la prisión domiciliaria, sino del cumplimiento de una suspensión definitiva en juicio de amparo para frenar los intentos de la Fiscalía General de la República (FGR) de reingresarme a un centro federal. Dicha orden de retorno fue impugnada y se encuentra pendiente de resolución en un Tribunal Colegiado de Apelación.
Mi permanencia en resguardo domiciliario obedece a mi delicado estado de salud, condición acreditada por los médicos legistas de la propia FGR y del juzgado. Como consta en sus dictámenes oficiales, padezco 11 enfermedades cronicodegenerativas; por lo tanto, un reingreso a un centro penitenciario pondría en riesgo inminente mi vida
Agradezco de antemano el manejo ético, profesional y veraz de esta información.
ATENTAMENTE,
Mario Villanueva.