ZC/ Comunicación Digital
Ciudad de México, julio de 2025.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó los resultados del Monitor de Seguridad #DataCoparmex, revelando un preocupante aumento en delitos que afectan al sector productivo, especialmente la extorsión, los asesinatos y el robo a negocios.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión alcanzó su nivel más alto desde que se tiene registro, con 5,887 víctimas en el primer semestre del año, un incremento del 6.9% respecto a 2024. Guanajuato, Morelos y el Estado de México encabezan la lista de entidades con mayores tasas, mientras que municipios como Cuautla, Salamanca y San Miguel de Allende concentran la incidencia más alta.
En el mismo periodo, se registraron 13,090 víctimas de homicidio, lo que representa una baja nacional del 15.8%. Sin embargo, la violencia se ha intensificado en regiones específicas como Colima, Sinaloa y Morelos. Sinaloa destacó como la entidad más violenta en junio, con un aumento del 360% en asesinatos respecto al año anterior.
El delito de robo a negocios mostró una reducción del 9.7%, con 34,012 carpetas de investigación, pero el 41.7% de estos se cometieron con violencia. En el Estado de México, municipios como Coacalco presentan tasas alarmantes.
En Sinaloa, además del repunte de homicidios (de 278 a 913 en seis meses), se reportó un aumento del 300% en extorsiones durante junio, así como un incremento del 156.2% en robo de vehículos.
Ante este panorama, COPARMEX propuso una Ley General de Extorsión y la creación de Unidades Antiextorsión especializadas, así como el impulso al uso de la línea anónima 089. También urgió a aumentar el presupuesto en seguridad, luego de que en 2025 se redujera de 0.7% a 0.5% del PIB.
Juan José Sierra, presidente nacional del organismo, advirtió que “ningún proyecto de inversión puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad”. COPARMEX insistió en la necesidad de actuar con evidencia y compromiso para garantizar entornos de legalidad y certeza jurídica que permitan invertir y crecer con dignidad.